Los gallegos no aprovechan las ayudas públicas para rehabilitación de viviendas

Lunes, 17 Diciembre 2018 07:34

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El 30% de los fondos disponibles en el 2017 se quedaron sin utilizar. Sólo se usó una ínfima parte para financiar intereses de préstamos.

En el primer semestre del año se rehabilitaron en Galicia tantas viviendas como nuevas unidades se construyeron. La comparativa puede asombrar y hablaría muy bien de la recuperación del patrimonio si las licencias de propiedades sin estrenar se contasen por miles cada mes, como hace un decenio, pero en realidad solo se trata de medio millar de inmuebles que se reformaron, en su mayoría para sacar provecho como alojamientos turísticos.

La recuperación de propiedades inmobiliarias se mueve todavía a un ritmo muy lento pese a que en los últimos años han ido apareciendo millonarias líneas de subvenciones públicas para particulares, para viviendas colectivas, para barrios degradados y, en genérico, para concellos con necesidades de vivienda. Es la apuesta decidida de la Xunta, que el próximo año va a destinar para los diferentes programas 36 millones de euros, un 20 % más que en los dos últimos ejercicios.

La inestabilidad económica de las familias y los recelos bancarios a financiar operaciones domésticas siguen siendo los principales lastres que pueden explicar que la Xunta haya dejado sin adjudicar tres de cada diez euros que tenía previstos para ayudar a la rehabilitación. En el 2017, el último ejercicio cerrado, el presupuesto del departamento -ahora enmarcado en la Consellería de Medio Ambiente- para subvenciones era de 25,4 millones, pero solo se ejecutaron 18,1.

Menor ha sido incluso el interés por los préstamos para la rehabilitación. El Instituto Galego da Vivenda activó el año pasado una línea de financiación de créditos a particulares a través de convenios con entidades bancarias, asumiendo incluso el 100 % de los intereses, pero solo se agotaron el 11 % de los recursos que la Xunta puso a disposición de este proyecto, cuya activación fue bastante tardía (finales de junio) y con un impacto muy limitado. Este año se repitió la acción respaldada con 2,9 millones de euros, aunque se trata de fondos a los que solo tienen acceso familias con recursos económicos escasos.

El próximo año, de los 36 millones de euros presupuestados, nueve se destinarán a subvenciones a particulares y comunidades de vecinos para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de los edificios. El otro programa estrella será el Rexurbe, dotado con 7,4 millones, para activar zonas urbanas degradadas social y arquitectónicamente.

Los constructores esperan que la nueva Lei de Rehabilitación confirme ciertos márgenes a la hora de actuar en una propiedad, y esperan que las administraciones sean más inteligentes e incorporen a las empresas privadas en este tipo de operaciones para subvencionar con dinero público los arreglos.

Así como el dinamismo del grueso de las ayudas a la rehabilitación para particulares tiene margen de mejora, aquellas que se destinan a actuaciones concretas relacionadas con la eficiencia energética vuelan de las arcas públicas. En este caso la gestión corre a cargo del Inega, dependiente de la Consellería de Economía, que promueve campañas para la sustitución de maquinarias de ascensor, cambio de ventanas o actuaciones en las cubiertas que mejoren la sostenibilidad de los edificios y que, seguramente, justifican la actual presencia de andamios en muchas ciudades. Las empresas captan previamente a los clientes y están pendientes al minuto de que se abra el plazo para hacer la solicitud.

El director del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) está convencido de que la apuesta por la rehabilitación y la regeneración urbana ya juegan un papel «fundamental» en las políticas de la Xunta, pero advierte que esta tendencia irá en aumento una vez se resuelva la ley que está desarrollando el Gobierno gallego y que quiere aprobar en el 2019. Sobre el impacto que generan las ayudas, también ve una línea ascendente, ya que «preto dun 60 % dos programas nesta materia teñen menos de tres anos de vixencia» y mucho recorrido por delante. Para Heriberto García Porto, la inminente normativa defiende el patrimonio construido y se convertirá en un marco «propicio» para la rehabilitación de edificios a través de normas y criterios más simples respaldadas por ayudas públicas. Y al margen del dinamismo ciudadano, pone en valor el respaldo económico que están teniendo las áreas de rehabilitación integral (ARI), que alcanza a grupos de viviendas que precisan regeneración por estar obsoletos. Llegan, dice, a un 40 % de los concellos gallegos.

Fuente: lavozdegalicia.es